- Desde la ANEF regional aseguran que tras la promulgación de la ley Karin, los reportes han aumentado en un 200%.
- Dirigenta, Nora Biaggini, enfatizó que el actual gobierno no ha cumplido con la promesa de trabajar para y por los funcionarios, asegurando que “se ha ido gente de los servicios, gente valiosa, por acoso”. Frente a esto, la lideresa propuso que al igual que los funcionarios de carrera, quienes son constantemente evaluados, debieran serlo todas y cada una de las jefaturas.
“Denuncias contra Navea (jefa de gabinete en la SEREMI de Salud), respecto de las cuales aún no se inician los sumarios en el MINSAL y el MINSAL mintió en tribunales respecto que sí había iniciado tres procesos administrativos en Antofagasta”, señaló Andrea Espinoza, presidenta de la asociación de funcionarios y funcionarias de la SEREMI de Salud Antofagasta (AFFSSA), quien en conversación con nuestro medio, afirmó que ya son 4 las denuncias que posee la trabajadora en cuestión, personera quien interpuso un recurso de protección en contra de los dirigentes, pero que fue rechazado por la Corte de Apelaciones. No obstante, Carla Navea apeló en la Suprema.
En este sentido, es importante recordar que, en agosto de este año, en diversos medios de comunicación se difundió la solicitud que AFFSSA efectuaba, que la jefa de gabinete saliera del servicio. En la ocasión, se señaló que, tras una serie de denuncias en contra de Navea, la acusada había supuestamente renunciado al cargo; sin embargo, días después de informar esta decisión, la militante del Frente Amplio reculó, manteniéndose en su puesto.
“Nos parece que el blindaje evidente que se da a esta persona, directamente incluso de la delegada presidencial, de la subsecretaria de Salud Pública es atentatoria a los derechos de los trabajadores que se atreven a denunciar. Porque se protege a la denunciada y se expone a los denunciantes, por ende, se sigue vulnerando los derechos de nuestros asociados que fueron valientes en denunciar”, expresó la dirigenta de AFFSSA.
De igual modo, Espinoza añadió que “y no lo vamos a permitir, utilizaremos todas las herramientas jurídicas, aunque sea lento, para poder demostrar la verdad de lo que decimos”.
En este contexto, cabe destacar que, según fuentes de nuestro medio, Carla Navea también habría salido con problemas desde la SEREMI de Desarrollo Social, bajo la actual administración de gobierno, para luego seguir prestando funciones en la SEREMI de Salud. Hoy, la funcionaria en cuestión se encontraría de vacaciones y en enero de 2025, comenzaría a trabajar en la delegación presidencial regional, bajo una comisión de servicio.
“Es como actuaba la iglesia frente a los sacerdotes acusados de abusos, los trasladaban a otra localidad”, criticó la presidenta de AFFSSA.
De esta forma y sobre al traslado de Navea a la DPR, desde la delegación sostuvieron que “respecto a casos particulares y mientras existan procesos judicializados en curso, no corresponde hacer referencia por parte de la institución”.
Al respecto y consultados sobre los desafíos que tiene la administración, respecto de las denuncias de mal trato en pro de proteger la integridad de las y los trabajadores, desde el área de comunicaciones de la DPR precisó que “existen protocolos al interior del Ministerio del Interior, los cuales operan por los canales formales”.
Defensa
Enterados sobre nuestro reportaje, uno de los abogados que representa a Carla Navea, Eladio Cuadra, se contactó con Resonancia Diario para exponer ciertos detalles. “Carla Navea solicitó ella misma el inicio de investigación administrativa en la Seremi de Salud ante la existencia de acusaciones informales en su contra de parte de la Asociación de funcionarios, como modo de conocer en detalle los hechos y poder ejercer su derecho a defensa. Las denuncias interpuestas finalmente derivaron en 3 investigaciones sumarias (que no son sumarios administrativos) de los cuales en dos se dictó el total sobreseimiento respecto de Carla por no existir situaciones de acoso y en sólo uno se formalizaron cargos por una situación puntual ocurrida supuestamente en diciembre de 2022, estando actualmente pendiente de resolución”, manifestó el profesional.
Finalmente, el abogado señaló que “además, existe actualmente un recurso de protección pendiente ante la Corte Suprema por las actuaciones de acoso efectuadas por la Asociación de funcionarios contra Carla Navea, quienes insisten en pedir su destitución mediante presiones ilegítimas y abusivas”.
GORE
Pero en la SEREMI de Salud no solo se reportan denuncias, porque avanzando en dirección hacia el centro de la capital regional, nos encontramos con el edificio que alberga las dependencias del Gobierno Regional de Antofagasta, lugar donde también se reportaron algunos hechos.
En mayo del año pasado, medios de comunicación locales informaban sobre la existencia de denuncias en contra de la entonces jefa de la división de Desarrollo Social, Lizza Aravena y la exjefa de la división de Fomento, Gabriela Gómez, quien fue removida de su cargo y quedó como encargada de la Estrategia Minera Regional,
Posteriormente, el 26 de septiembre del 2023, algunos portales titulaban “Jefa de División de Desarrollo Social acusada de mal trato laboral fue nombrada jefa de gabinete del gobernador”. En este último caso, se habría iniciado un sumario, el que, según Aravena, aún no termina. Al respecto, consultamos al GORE Antofagasta por ambas personas denunciadas, pero declinaron referirse.
Sin perjuicio de lo anterior, desde el Gobierno Regional sí informaron respecto de las medidas que se han implementado para resguardar la integridad de las y los funcionarios. “El Gore creó un protocolo en base a la ley Karin, también existe actualmente una política de salud mental que está vigente. Y se contrató un sicólogo, junto con la implementación de un espacio seguro (que es un espacio físico acondicionado, privado) donde se brinda atención inicial y primeros auxilios sicológicos a los funcionarios y se lleva una agenda con eso. Incluso, el lugar permite que se pueden realizar atenciones de telemedicina de la ACHS”.
SLEP Licancabur
Otros son los casos en el SLEP Licancabur con sede en Calama, este servicio que se hará cargo de la educación a contar de enero del 2025, ya ha presentado una serie de denuncias. De hecho, en julio de este año, la asociación de funcionarios de dicho servicio dirigió un oficio al director nacional de la educación pública, Rodrigo Egaña, en el que se indicaban algunos puntos como “acciones de amedrentamiento del director ejecutivo D. José Martínez Chiguay y los funcionarios de su inmediata confianza”.
De igual modo, destacaron en otros párrafos que “cuando se hubo notificado de la Constitución de nuestra Asociación, se suspendieron todo tipo actividades con los funcionarios, que iban en beneficio de crear espacios de camaradería y fortalecimiento de lazos entre los diversos funcionarios y funcionarias del Servicio. Lo anterior, ha generado un clima laboral que se ha deteriorado con el transcurrir del tiempo, lo cual se suma al temor e incertidumbre, por la continuidad laboral de los funcionarios del servicio, en especial de aquellos que pertenecen a nuestra Asociación.
Asimismo, en el mencionado oficio se estableció que “se han realizado comentarios desafortunados, en contra de los funcionarios que componen nuestra Asociación, tales como: “están en la lista negra”, “son unos traidores”, y “que está en peligro nuestra estabilidad laboral”; Además, se ha mencionado una frase que alude directamente a la pérdida del empleo, la cual es: “les pasará el mismo destino que el funcionario desvinculado”. Las frases antes dichas, han sido expresadas a viva voz en contra de los funcionarios, constituyéndose una clara vulneración a nuestros derechos constitucionales, a la dignidad humana y al derecho a asociarse, por cuanto se está realizando amenazas a la estabilidad y al bienestar laboral, generando un clima hostil, degradante e insoportable dentro del Servicio”.
En este contexto, es importante mencionar que en agosto se envió un segundo oficio en el que se expresa, entre otros puntos, que “debemos denunciar las malas prácticas llevadas adelante por los señores José Martínez Chiguay, Alejandro Cartes Rodríguez, y Javier Velarde Bernardino, Director Ejecutivo, Jefe Jurídico y Subdirector de Administración y Finanzas, todos del Servicio Local de Educación Pública Licancabur, respectivamente, quienes han actuado con total imparcialidad y han hecho uso y abuso de su jerarquía en el servicio, para amedrentar, perseguir, hostigar, acosar y hacer negociaciones improcedentes con los funcionarios que han sido citados a declarar, en el contexto del proceso de investigación, que está desarrollando una comisión evaluadora enviada a este SLEP, para investigar precisamente parte de los mismos hechos que estamos viviendo en este momento”.
En el mismo documento, se hizo mención de conceptos como “falta a la probidad, soborno, hostigamiento y corrupción”.
Pese a estas denuncias, desde el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, afirmaron que “estamos comprometidos con el bienestar de nuestros funcionarios y la creación de un entorno laboral donde el respeto, la empatía y el trabajo colaborativo sean la norma de convivencia. En este sentido, podemos comentar que contamos con diversas medidas destinadas a reforzar nuestros valores institucionales -como el taller “Trabajo en equipo y movilización de prácticas efectivas” que se está implementando por cuatro meses- en torno al buen trato e inclusión, implementadas, por una parte, por el equipo directivo de nuestro servicio, como también por su Comité Paritario, y la Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación”.
De igual modo, la administración del mencionado SLEP dijo que “sumado a lo anterior, somos conscientes de la importancia de garantizar la seguridad de nuestros funcionarios. Por ello, hemos implementado protocolos de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, dando fiel cumplimiento a la nueva Ley N°21.643, “Ley Karin”, a través de la Resolución Exenta N° 128 del 01 de agosto de 2024, del Servicio Local de Educación Pública Licancabur. Creemos firmemente que un buen trato es la base de relaciones laborales sanas y productivas. Por lo mismo, nos esforzamos por cultivar un ambiente en el que cada funcionario de nuestro Servicio se sienta valorado, respetado y apreciado”.
Municipalidad
Uno de los capítulos más oscuros en términos de denuncias por mal trato laboral tuvo epicentro en la última administración municipal de Antofagasta, liderada por Jonathan Velásquez. De hecho, en conversación con Resonancia Diario, el presidente del gremio que agrupa a las y los funcionarios, Alfredo Fuentes, aseveró que “en esta última administración hemos tenido una estadística más elevada, más casos de denuncias, de ataques psicosociales, de acosos laborales”.
En este sentido, desde 2021, a la fecha, el jefe comunal registra cerca de una treintena de demandas laborales en el tribunal competente, acciones legales que, entre otros fundamentos, contemplan la vulneración de derechos fundamentales. De estas, se establece una bajo la ley Karin, por acoso sexual y laboral.
Según antecedentes recopilados por Resonancia Diario, solo entre los abogados Rolando Lorca y Eladio Cuadra suman, al menos, 5 sentencias y avenimientos por tutelas, durante la administración Velásquez. A ello se suman, otras 10 bajo la representación de Rubén Gajardo y otras 12 también de Jorge Mayne, este último, aún tramita algunas demandas laborales, en las que ciertos funcionarios padecen enfermedades profesionales, acreditadas por la ACHS, y que fueron originadas por el clima, ocasionado por el alcalde y su equipo.
“Tan pronto asumió, incluso antes de que asumiera el cargo, ya había demostrado cuál era la forma de actuar y cómo no tiene ningún problema en mal tratar, menospreciar a los funcionarios que serían de su dependencia y lo hizo tan pronto, en su primer acto público”, indicó el abogado Jorge Mayne.
¿Qué se está haciendo?
Al respecto, el presidente de Asemuch, Alfredo Fuentes, dijo que “todos los dirigentes del gremio estamos integrando los comités de riesgo psicosocial, implementados por la ley 17.744. Entonces, ese protocolo de riesgo psicosocial se hace cargo de la evaluación y detección de todas las enfermedades psicológicas, de estrés laboral, de riesgo en el trabajo. En cada centro de trabajo hay un comité activo que lo compone, dentro de la composición de cada comité, un dirigente de Asemuch. Entonces, ahí tenemos toda la información de las evaluaciones y de la situación real que vive cada funcionario día a día”.
Igualmente, el dirigente añadió que “también tenemos un convenio con un estudio jurídico de Santiago, a través de la Confederación Nacional, en donde el funcionario que requiere de ayuda judicial, nosotros también lo orientamos y ponemos a su servicio este convenio de los abogados en Santiago”.
Desafíos
Consultado sobre eventuales desafíos, Fuentes señaló que “siempre falta. Nunca lo que hay es suficiente. Nosotros yo creo que estamos recién empezando, hoy día, con las políticas de protección a los trabajadores, sobre todo los trabajadores del sector público, que atendemos públicos además y solucionamos los problemas de la gente. Pero falta mucho, falta mucha educación por parte de los empleadores, de las autoridades. Falta implementación de condiciones laborales como corresponden, y es por eso que hoy día estamos en un paro también pidiendo eso y falta implementación de las leyes que hoy han salido, pero que todavía no se implementan de la forma real”.
En paralelo, Nora Biaggini, presidenta regional de ANEF, sostuvo que “hoy tenemos herencia de pagos políticos, amistades de algunos que contribuyen y otros que hacen daño. Por lo mismo, la dirigente precisó que siempre estarán disponibles para orientar, respecto a los pasos a seguir. “Nosotros no permitiremos que las jefaturas vengan a maltratar, instamos a las jefaturas a trabajar con los gremios y la ANEF”.
Asimismo, Biaggini agregó que este gobierno no ha cumplido con la promesa de trabajar para y por los funcionarios, por lo que aún se encuentra el debe, asegurando que “se ha ido gente de los servicios, gente valiosa, por acoso”. Frente a esto, la dirigente propuso que al igual que los funcionarios de carrera son constantemente evaluados, debieran serlo todas y cada una de las jefaturas.
Cabe destacar que las denuncias citadas en este reportaje son solo algunas de otras que también prevalecen en la administración pública y que son materia de investigación.
