- Por Yovana Ahumada Palma, Diputada por la Región de Antofagasta
Soy de Antofagasta, y como ustedes, no puedo mirar hacia otro lado cuando un contrato comunicacional por más de 65 millones de pesos, financiado con fondos de salud y educación, se adjudica sin informar siquiera al alcalde, generando despidos y desconfianza. Pero esto no es solo un error aislado: lo que está en juego no es un par de cifras mal usadas, sino la dignidad de nuestras familias que esperan respuestas, viviendas, salud y seguridad. Durante el último tiempo, hemos presenciado una serie de escándalos que evidencian una herida profunda: la corrupción se ha instalado en las instituciones, desviando recursos públicos y rompiendo la confianza de cada Antofagastino.
Cuando destape el caso Democracia Viva, al creer en los trabajadores y enviar el oficio con el que el Presidente reconoció haber tomado conocimiento, marcó un antes y un después. No solo fue el uso indebido de fondos públicos entregados por el Ministerio de Vivienda a una fundación ligada a militantes del partido de gobierno. Fue también la reacción del Ejecutivo, que prefirió la negación antes que la responsabilidad. Lo he dicho y lo reitero: fue un oficio de mi autoría el que alertó por primera vez sobre estas irregularidades, y que inicialmente fue ignorado. No hubo reacción oportuna, y el tiempo perdido fue el que permitió que el daño creciera.
Luego vino ProCultura. Una fundación que recibió más de 6 mil millones de pesos a través de convenios con diversas instituciones, incluso en nuestra región. Cuando se pidió rendir cuentas, surgieron los cobros excesivos, los proyectos sin ejecución y los silencios cómplices. Por ejemplo, en el caso de las fachadas en Antofagasta, el costo del metro cuadrado de pintura llegó a valores exorbitantes, muy por encima del mercado, lo que refleja un manejo irregular y poco transparente de los recursos. Mientras los recursos se evaporaban en gestiones oscuras, muchas familias seguían esperando que el Estado llegara a sus barrios.
A esto se suman los cuestionados contratos con empresas exprés. Organizaciones y sociedades creadas casi al instante para recibir fondos sin los filtros adecuados, con vínculos políticos y conflictos de interés evidentes. Acá a pesar de lo que siempre intentan hacernos creer, no eran simples errores administrativos. Era un sistema montado para beneficiar a unos pocos con recursos que debieron llegar a las familias de los habitantes de las familias de la región de Antofagasta, en especial en nuestras comunas interiores.
Nuestra región esta falta a la probidad, estos casos de corrupción, lamentablemente se están volviendo la regla general y no la excepción. Cuando pensamos que se calmarían los hechos, conocimos sobre el conflicto entre el Serviu y el Gobierno Regional, por $5.866 millones no rendidos. Dinero que estaba destinado a proyectos habitacionales y que, siendo sincera, hoy nadie sabe exactamente donde fue utilizado. Ahora bien, el ministro Montes, declaro que reintegrarían esos recursos al Gore, pero, aún espero que responda mi oficio en el cual pido me indique de donde saldrán los recursos para el mencionado reintegro. ¿Encontraron el dinero perdido? ¿O simplemente sacaron dinero nuevo, total pagan los contribuyentes y finalmente pagamos 2 veces ese monto?
Todos estos casos tienen algo en común: la falta de controles, la liviandad con que se manejan los recursos públicos, y una impunidad que sigue golpeando la credibilidad de nuestras instituciones. En Antofagasta, los recursos no sobran. Cada peso malgastado o robado es una oportunidad menos para que una madre acceda a una vivienda, para que un joven estudie, para que una familia tenga agua potable o seguridad en su barrio. “Yo no he callado ni lo haré. He fiscalizado, he denunciado y seguiré insistiendo, porque la corrupción no puede seguir siendo parte de la normalidad.” No podemos permitir que se banalice el robo al Estado, porque ese “Estado” somos todos nosotros.
Antofagasta merece transparencia, merece justicia y, sobre todo, merece respeto. El verdadero rostro del poder se ve cuando más se necesita, y en nuestra región, ese rostro ha estado ausente demasiadas veces. Hoy no hablo solo como diputada, sino como mujer, madre y ciudadana enamorada de su región. Antofagasta es más que un lugar, es mi hogar y el corazón de nuestra gente luchadora. Aquí, cada familia merece transparencia y justicia, no corrupción que desvía recursos y destruye sueños.
Por eso, mi compromiso es firme: defender a nuestra región y a su gente, porque Antofagasta merece respeto, honestidad y un camino claro hacia el desarrollo. Juntos, debemos construir un muro contra la corrupción para proteger lo que tanto amamos. Antofagasta es un pueblo fuerte y valiente, y así seguirá siendo. Y desde aquí, seguiré levantando la voz por cada persona que ha sido postergada por culpa de la corrupción. Porque no se trata solo de perseguir responsables: se trata de reconstruir la confianza y asegurar que nunca más el dinero de todos termine en manos de unos pocos.
