- Funcionaria efectuó la denuncia en 2019, momento en que prevalecía el gobierno de Daniel Agusto. No obstante, el sumario administrativo solo se inició tres años después y, a la fecha, bajo el directorio que preside Eliecer Chamorro, permanece aún abierto.
- Entre otros aspectos, el fallo estableció que la afectada permaneció bajo terapias y farmacología, no solo como consecuencia de los actos de acoso sexual y laboral sufridos en mayo del 2019, “sino que, en mayor medida aún, por la revictimización que ha implicado la negligente tramitación de la investigación por parte de la empleadora, con demoras inauditas, falta de resguardo y ausencia de información”.
“Sin perjuicio que la Corporación respeta y cumple los fallos de los tribunales de justicia, la sentencia en cuestión se encuentra en estudio de nuestro equipo jurídico con el propósito de interponer los recursos judiciales correspondientes”, es parte de lo que afirma un comunicado de prensa emitido, anoche, pasadas las 22 horas, por la COMDES Calama.
Lo anterior, luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama acogiera la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de la comuna, por una funcionaria que denunció acoso sexual y laboral en 2019, sumario administrativo que solo se inició tres años después y que, a la fecha, bajo la administración Chamorro, permanece abierto.
“La Corporación actuará con plena transparencia en el desenlace de este juicio, esperando que los derechos de las personas involucradas sean amparados, protegiendo los intereses y patrimonio municipal y en estricto respeto de las decisiones judiciales”, agrega el mencionado comunicado.
Fallo
Es importante recordar que, entre otros aspectos, el fallo que acogió el juzgado por tutela de derechos fundamentales en contra de la COMDES, por la funcionaria que denunció acoso sexual y laboral, estableció que “habiendo concluido el Fiscal a cargo la efectividad de los hechos denunciado y propuesta sanciones, la causa quedó paralizada, sin justificación, casi otro año más, hasta la dictación de la resolución subsecuente; (vi) que dictada la resolución de primera instancia administrativa, más de 4 años después de presentada la denuncia, esta no fue comunicada a la actora, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, ni se encuentra ejecutoriada, ni se han aplicado las sanciones dispuestas”,.
En este contexto, el magistrado Juan Pablo Flores le ordenó a la denunciada (COMDES) concluir la investigación sumaria, pedir disculpas públicas a la denunciante y pagarle una indemnización de $20.000.000 por concepto de daño moral.
Al respecto, la resolución agrega que: “(…) se ha establecido que la actora presentaba un trastorno mixto de ansiedad y depresión, que la ha obligado a estar en tratamiento y controles con el Programa de Salud Mental del CESFAM (…) de Calama desde el año 2022, bajo terapias y farmacología, no solo como consecuencia de los actos de acoso sexual y laboral sufridos en mayo de 2019, sino que, en mayor medida aún, por la revictimización que ha implicado la negligente tramitación de la investigación por parte de la empleadora, con demoras inauditas, falta de resguardo y ausencia de información”.
