- En tanto, dirigentas sindicales, de salud, educación y de las y los funcionarios municipales, condenaron el hecho en el consulado y criticaron el silencio de la autoridad regional que representa a las mujeres. Mientras, fuentes indicaron a nuestro medio que Sebastián Canales no sería removido de su cargo.
“Este gobierno que llega con una propuesta, se supone que es feminista, vemos que hoy en día también se está cayendo frente a este tipo de violencia y menos cabo frente a una mujer que está en un proceso de dolor”, afirmó a nuestro medio, la dirigente sindical de los profesores y profesionales de la educación de la CMDS, Ivette Gareca, quien junto con empatizar y solidarizar con la coterránea, Natalia Pozo, quien públicamente denunció al cónsul chileno en Australia, Sebastián Canales, criticó en duros términos el silencio de la secretaria regional de la mujer en Antofagasta.
Recordemos que los hechos se reportaron luego que la antofagastina Natalia Pozo, quien reside en Australia, denunciara que, tras la muerte de su hijo en dicho país, contactara al cónsul chileno en Australia, Sebastián Canales, respuesta que habría sido devuelta a los 2 días del fallecimiento del joven.
De igual modo, la coterránea señaló a nuestro medio que la autoridad en cuestión tardó alrededor de 4 semanas para otorgar una resolución, respecto a los servicios fúnebres de su hijo, para finalmente contestar con un NO. A ello se sumó, según la denunciante, la insistencia de Canales por contratar a un determinado abogado, así como el el hecho de que ella permaneciera, sin su consentimiento, retenida por 2 horas, en la oficina del cónsul.
Silencio de SERNAMEG
Es importante mencionar que Resonancia Diario intentó obtener una declaración pública de la SEREMI de la Mujer en Antofagasta, solicitud a la que, a través de su encargada de prensa, respondió que “no podemos abordarlo como ministerio, tal vez desde cancilleria”. Pese a ello, contra preguntamos si era posible que la autoridad, al menos, se refiriera a la agresión física y verbal que denuncio Natalia Pozo. Al respecto, afirmaron que “es un tema que no atribuye a nuestro ministerio”.
Frente a esto, la dirigente Ivette Gareca manifestó que “creo que sí es importante (pronunciarse), cuando hay autoridades, cuando uno ocupa un cargo, tiene una plataforma que hace un llamado a la gente. Creo que esa plataforma que se ocupa ya sea de elección popular o representantes del gobierno, creo que tiene un deber ser, un deber ser de que cuando las cosas no están bien, también decirlas. Obviamente ellos no pueden responder, en este caso la SEREMI, no pueden responder por el cónsul, pero sí creo que se puede pronunciar, es decir que son formas que no corresponden frente al trato primero de un usuario”, agregó Gareca.
De igual modo, la también psicopedagoga añadió que “se está perdiendo también la humanidad en las autoridades, en las personas, en el entender las situaciones. Obviamente es algo que es de repudio total, o sea, nadie te puede negar salir de un lugar, cuando vayas a un recinto, en contra de tu voluntad”.
ASEMUCH
Desde el gremio que agrupa a las y los funcionarios municipales de Antofagasta, Mabel Torres Veira (dirigente sindical) señaló que “deja mucho que desear la seremia de la mujer, encuentro rarísimo que no se pronuncie o haga llegar a la mujer algún comunicado de apoyo hacia su persona, siendo antofagastina, violentada físicamente y verbalmente por un cónsul violento y agresor que nos “representa” como chilenos en Australia.
De igual modo, Torres empatizó con la denunciante. “En la mirada de madre, me llega al alma su frustración, su rabia, su resentimiento, un todo. Ya basta de este actuar de muchas personas que en algún momento de sus vidas tienen un poco de poder y se transforman”.
Gremio APS
En tanto, Emma Herrara, presidenta de la federación de la atención primaria de salud (APS) en Antofagasta, dijo que “como dirigente de un gremio de salud y como mujer, rechazamos enérgicamente cualquier acto de violencia. Nos parece que, si este acto de violencia viene de una alta autoridad que representa a nuestro país, debe categóricamente nuestro gobierno investigar y tomar todas las medidas legales y administrativas que correspondan.
